Segundo round

Un pilar fundamental del crecimiento económico del Perú ha sido el sano equilibrio alcanzado en los principales indicadores macroeconómicos: disminución de la inflación, del riesgo- país y de la deuda pública, y crecimiento de las reservas internacionales. Basta ver cómo, según el World Economic Forum, entre el 2000 y 2018 el producto bruto interno real peruano creció en 94,6%. Además, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), desde el 2004 la pobreza monetaria disminuyó de 58,7 a 20,5, lo que se traduce en que 9,5 millones de peruanos salieron de ella.

Este crecimiento ha permitido mejorar el acceso a servicios públicos. Así, según el INEI, durante los últimos 18 años el aseguramiento en salud pasó de 32% a 85%, la tasa de matrícula en educación secundaria de 67% a 85%, el acceso a energía eléctrica en los hogares de 69% a 95%, la conexión a red pública de agua en los hogares de 72% a 80% y a desagüe de 51% a 72%, y el acceso a Internet de 3% a 53%. Sin embargo, no ha sucedido lo mismo con la calidad de los servicios. Vemos que, si bien el acceso a agua ha alcanzado al 80% de la población, solo el 54% en zonas urbanas y un alarmante 4% en zonas rurales acceden a agua segura. De igual modo, aunque vamos camino a que todos los peruanos cuenten con un seguro de salud –especialmente por el esfuerzo del sector público–, todavía solo la mitad de los asegurados al Seguro Integral de Salud recibe todos los medicamentos recetados tras una consulta. Y lo mismo sucede con los otros indicadores. Por ello, lo que toca ahora, además de continuar cerrando las brechas, es mejorar la calidad de los servicios.

Para que este esfuerzo sea viable se debe articular al sector público con el privado, porque el Estado por sí solo no tendrá la experticia necesaria ni la capacidad de gestión para acometer estos retos. Y ahí merece la pena ver lo que se está consiguiendo con las asociaciones público-privadas y replicar aquellas que están consiguiendo buenos resultados. En salud, por ejemplo, la APP entre Essalud y la empresa Salog que se especializa en operación logística, incluyendo el almacenamiento y la distribución de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, ha mejorado la disponibilidad de medicamentos junto al equipo institucional. Se ha logrado, como condición indispensable, contar con un sistema de información confiable, clave para una buena gestión. La data generada contribuye a una adecuada toma de decisiones, pues se cuenta con información de la demanda real, la atendida como la insatisfecha, y permite la gestión de inventarios y la redistribución de los medicamentos desde el almacén o los establecimientos con exceso de inventario a aquellos con déficit. Todo esto permite reducir los niveles de stock al pasar de un modelo “just-in-case” –altos niveles de inventarios y costos para evitar contingencias– a uno “just-in-time” –los productos se envían según la demanda–. Y si se comprueba la necesidad periódica de un producto, se adquirirá un mayor volumen. Finalmente, el acceso a información permite detectar –y, con adecuada gerencia, disminuir– el ingreso de productos de mala calidad e incluso de origen ilegal, combatir la corrupción y reducir las ineficiencias de un proceso de abastecimiento opaco.

El Estado, sin embargo, necesita establecer qué requiere exactamente del privado, los estándares de calidad, los niveles de servicio y cuánto está dispuesto a pagar. Complementariamente, urge fortalecer la regulación sectorial y los mecanismos de rendición de cuentas definiendo indicadores claros de monitoreo y evaluación, así como promover procesos transparentes y la competencia efectiva entre las empresas interesadas. Esta articulación sinérgica público-privada contribuirá a cerrar las brechas de acceso ciudadano a servicios de mejor calidad y dinamizará el mercado.