Según la primera actualización del Monitor de Indicadores de Desarrollo (CADE Mide), Perú mejoró en el 2016 en los rankings de democracia (pasó de 65 a 59 de un total de 167 países) y calidad de instituciones (de 116 a 106, de un total de 138), respecto al año anterior, pero cayó en el indicador de corrupción.
El indicador que midió el CADE Mide y en el que el Perú empeoró, el de percepción de corrupción, realizado por Transparencia Internacional, reportó una baja del puesto 88 en el 2015 al 101 en el 2016. La confianza en el Poder Judicial, el cuarto indicador medido, se mantuvo sin variación.
Para los tres panelistas de la Mesa Redonda “Instituciones y Democracia”, organizada por IPAE y el diario Gestión, la reforma política es el primer paso que se debe tomar para mejorar estos índices y contribuir a perfeccionar la democracia con miras al 2021.
La madre de todas las reformas
Dentro de un año tendremos elecciones regionales y municipales, recuerda Alfredo Torres. Ello significa más de 2,000 procesos electorales en todo el país y para eso se necesitan partidos nacionales y regionales que tengan representatividad y legitimidad.
“Es fundamental contar con un sistema electoral que nos permita tener autoridades elegidas de manera debida”, postula Torres. Se refiere a que, dentro de las más de 2,000 circunscripciones electorales, “existen 500 que tienen exalcaldes, exgobernadores y hasta autoridades en ejercicio que están siendo procesadas por lavado de activos, colusión e incluso asesinato”, afirma.
En ese sentido, lo mejor para hacerle frente a esa situación es reglamentar la norma electoral de modo que las personas que han cumplido sentencia, ya sea por terrorismo, narcotráfico o asesinato, no puedan postular, opina. “La reforma política es la madre de todas las reformas. Si no logramos mejorar sustancialmente la calidad y representación en la honestidad de las personas que están en el Congreso, no vamos a poder mejorar el sistema judicial o el control de la corrupción, porque es de ahí donde emanan las normas”, puntualiza.
Responsabilidad del Congreso
Para Gerardo Távara, el país se encuentra ante una enorme responsabilidad y también una magnífica oportunidad para dar el paso hacia una reforma electoral que responda a la necesidad de contar con partidos sólidos, confiables y cercanos a la población. “Además de ello, la reforma debe responder a aquello que las encuestas reiteran y es que la corrupción es percibida como un problema urgente en la población. La mayoría del país considera que el aporte de los partidos políticos y del Congreso hacia la lucha contra la corrupción es muy débil”, añade.
En ese sentido, opina que la Comisión de Constitución, que preside Úrsula Letona, tiene el desafío de demostrar que sí es posible tomar decisiones que puedan molestar o incomodar a la mayoría de los partidos políticos, pero no a la mayoría de la población.
Iniciativas listas para aprobar
La reforma política nace de la necesidad de entender que los partidos políticos son base fundamental de la democracia, sostiene Letona. Es por ello que la reforma electoral que emprendió el Congreso busca dos aspectos: reglamentar las normas a corto plazo para las elecciones regionales y municipales del 2018, y evaluar el sistema político electoral hacia el Bicentenario. “Ahí hay temas más profundos que van desde la bicameralidad hasta una renovación del Congreso por mitades. Son iniciativas que hablan de una renovación constitucional”, explica Letona.
Sobre el primer aspecto, informa, tienen un plazo máximo hasta el 24 de octubre para aprobar las reformas para las elecciones regionales y municipales.
“Ya hemos aprobado el primer tema que es el cronograma electoral , donde todos vamos a poder ver en qué consisten los procesos electorales, quiénes son las autoridades y qué plazos tienen. Además tenemos la iniciativa de inmodificabilidad de las normas del sistema electoral un año antes de convocado el proceso”, señala. Estos dos dictámenes han sido aprobados en la comisión y han ido al pleno. “Ahora son autógrafas de ley que están pendientes de promulgación por parte del presidente de la República”, indica.
No obstante, Letona agrega que existen dos dictámenes que han sido aprobados en la Comisión y que se encuentran listos para su discusión en el pleno del Congreso. Uno de ellos tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos y que, hasta el cierre de esta edición, continuaba en debate (ver página 29).
Afirma que se ha trabajado con propuestas de la academia, de especialistas y del grupo de trabajo de reforma electoral, y que buscan el consenso de más de una fuerza política. “En el ánimo de buscar legitimidad en las reformas que hacemos hay que generar consenso “, agregó. Además, se debe capacitar a los movimientos regionales sobre la ley electoral, ya que existe mucho desconocimiento sobre ella.
Fuente: Diario Gestión / 05-10-2017