Alfredo Torres, presidente de Ipsos y coordinador del Pilar de Institucionalidad de CADEMide; Gerardo Távara, secretario general de la Asociación Transparencia, y Úrsula Letona, presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, analizan estos resultados.
En la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, que preside Úrsula Letona, se ha llegado a un consenso general sobre la prohibición de aportes de las empresas jurídicas en el marco de la reforma electoral. “Se busca que las personas jurídicas con fines de lucro se dediquen a lucrar positivamente en beneficio del país, pero lejos de los partidos políticos”, sostiene Letona. Además, comenta que en el dictamen de reforma electoral (que se debatió ayer en el pleno) se incorporó la figura del “responsable de campaña” y se estableció la obligación de que todos los aportes a los partidos políticos sean fiscalizados e identificados.
Inclusive, agregaron que exista una presunción de responsabilidad del banco, ya que -señala Letona- al momento de exigir la identificación de los aportes en las actividades proselitistas, hubo experiencias en las que el banco no podía ubicar a la persona que había hecho el aporte.
También proponen elevar las multas a las organizaciones políticas, pero hay un tema por explorar respecto a las dádivas, admite. Sucede que la primera vez que se presentó el dictamen no se logró consenso en el pleno sobre la gradualidad en las sanciones. Es por ello que la comisión luego aprobó un criterio constitucional de gradualidad. “Es decir, otorgar una multa de 30 UIT (Unidad Impositiva Tributaria) al candidato (u organización política) que entregue algo considerado como dádiva y si existe reincidencia aplicar una exclusión de la carrera electoral”, explica.
Por otro lado, el dictamen también ha rebajado el monto de los artículos que se pueden regalar en las actividades proselitistas. “Tendría que ser un recuerdo, una pulsera o algo mucho más significativo que oneroso”, apunta Letona. Sin embargo, pese a estas modificaciones e iniciativas, lo que no se ha incluido es sanciones de carácter político, que según expertos, fortalecerían la prevención a no cometer ilícitos en la contienda electoral.
“Yo soy partidaria, en forma personal, de que se apliquen multas altas pero también una suspensión del ROP (Registro de Organizaciones Políticas). Creo que esa es una sanción efectiva, pero hay partidos políticos que dicen que eso sería inconstitucional porque se habla de una doble sanción”, dice. Pese a que no hay mayor mención a una sanción política en el dictamen que se ha sometido a debate en el pleno. “Esto no quiere decir que en un futuro no se pueda agregar”, opina.
Regular actividades proselitistas
Si bien la gradualidad es un concepto del derecho, Gerardo Távara opina que más que definir si una sanción debe ser leve o no, se tiene que proponer sí o sí una sanción política. “Allí es donde existe un mayor desafío. Sin sanciones políticas vamos a seguir teniendo los mismos problemas de infracciones que se repiten, multas que no se pagan, etcétera”, opina.
“Alianza Por el Progreso, por ejemplo, tiene una multa desde el 2011 que llegaba hasta S/ 9 millones. Logró reducirla a S/ 2 millones, pero sigue sin pagarla. Aún así tiene dos gobiernos regionales, muchas alcaldías, una bancada parlamentaria y puede postular a la Presidencia”, sostiene. Es por ello que, para él, es necesario incluir la suspensión de la participación en los procesos electorales e incluso el retiro del ROP de los partidos políticos que incumplan la norma.
Menciona que las actividades proselitistas, como rifas, polladas, cócteles, cenas, entre otras, también son parte del problema. “Algunos partidos han registrado que apenas el 3% de sus ingresos fueron producto de este tipo de actividades, pero tenemos a Alianza Popular en las Elecciones Generales 2016 que reportó a ONPE que el 61% de sus ingresos procedían de esas actividades.
Fuerza Popular reportó que era el 30%”. En ese sentido, más que ponerle un tope de recaudación a dichas actividades, también se debería señalar un máximo de actividades proselitistas que se pueden realizar durante campaña, sostiene. Finalmente, opina que también hay que cambiar la cultura política del votante, que espera más un regalo que una propuesta.
Fortalecer sanciones
El tema central de la reforma política, para Alfredo Torres, es el financiamiento. “Es fundamental no solo la transparencia y la bancarización, sino que cuidemos que no haya fórmulas para sacarle la vuelta a la norma”, afirma. En ese sentido, sostiene que las contribuciones no pueden ser anónimas y que si se incumple la ley, se tengan mecanismos para sancionar a aquellos que la incumplen. “No puede ser solo una multa, que es un saludo a la bandera y que ni siquiera pagan. Es fundamental una sanción más drástica, inclusive el retiro del partido del padrón electoral”, opina.
Es así que la ley electoral también debería contemplar qué hacer en el caso de que un candidato a gobernador o alcalde que haya incumplido la ley de financiamiento de partidos, gane las elecciones. “No podemos tener autoridades con dinero de la corrupción o del narcotráfico detrás”.
Torres también piensa que, en el tema de la reforma política, los organismos electorales en el Perú tienen recursos y cierta credibilidad y eso es un buen punto de partida. “Sin embargo, lo que falta es darles más capacidad de sanción e inspección”, incide.
En las próximas elecciones regionales y municipales del 2018, los partidos políticos y movimientos regionales no solo deberían declarar bien sus ingresos, sino también sus gastos, señala Torres. De esa manera, ganarán legitimidad frente a la población. “Es la única manera en la que, cuando haya un problema en una región o un conflicto social, esos partidos sean interlocutores. Ahora se constituyen improvisadamente frentes de defensa, usualmente organizados por sectores extremistas que por la vía de la violencia tratan de imponer sus puntos de vista”, opina.
Es importante reorganizar nuestro sistema político y fortalecer a los partidos para que la democracia funcione. “Ahora es muy limitada”, finaliza Torres.
Fuente: Diario Gestión / 05-10-2017