Quienes suscribimos el “PACTO POR LA EDUCACIÓN DE CALIDAD DESDE EL SECTOR PRIVADO” rechazamos enfáticamente el reciente dictamen aprobado en la Comisión de Educación del Congreso que establece el “ciclo cero” como única modalidad de ingreso a las universidades públicas y privadas del país.
De acuerdo con la Constitución, la ley fija las condiciones para “autorizar el funcionamiento” de las universidades, y les otorga autonomía en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Por lo tanto, ninguna normativa legal puede imponer a las universidades contenidos académicos, formas de ingreso de los estudiantes y mucho menos fijar los costos de sus servicios educativos.
Esto constituye un despropósito y una intervención directa en la esfera de los derechos y la libertad de organización de las universidades, tanto públicas como privadas. Vivimos en una democracia que consagra la libertad y la economía social de mercado. Este nuevo dictamen forma parte de la sistemática e irresponsable aprobación de diversos proyectos de ley desde el Congreso de la República, carentes de razonabilidad y con evidentes fines populistas, como la reciente creación de 20 nuevas universidades públicas y 40 nuevos institutos públicos sin evaluación técnica ni opinión favorable de los ministerios de Educación, de Economía y Finanzas o del Consejo Nacional de Educación, ni presupuesto para su funcionamiento.
Los esfuerzos del Estado deberían centrarse en mejorar la calidad de la educación secundaria y el rendimiento académico de nuestros jóvenes, tan venidos a menos en los últimos años. Además, brindar mayores recursos a las universidades públicas licenciadas a fin de que puedan ampliar su oferta educativa y el número de nuevas vacantes, y fortalecer el sistema de becas públicas que permitan el acceso a la educación superior a un mayor número de peruanos sin recursos.
Se requiere urgentemente un mayor liderazgo del Ministerio de Educación como ente rector, evitando la proliferación de iniciativas legales temerarias y defendiendo al sector de normativas y regulaciones desmedidas y populistas por parte del Congreso, que por Constitución son ajenas a su función.
Exhortamos al Pleno del Congreso a no aprobar este dictamen que atenta abiertamente contra el Estado de Derecho y que afectará la educación de más de 400 mil jóvenes y sus familias, y en caso de que ello ocurra, exhortamos al Poder Ejecutivo a observar la norma y evitar esta intromisión a la autonomía universitaria. Impulsemos un mayor acceso a la educación superior de calidad con medidas efectivas y con mucha responsabilidad. ¡La defensa de la calidad educativa es tarea de todos!
08 de abril de 2025