PRINCIPIOS DE POLÍTICA SOCIAL EFECTIVA
Para construir una sociedad inclusiva que proteja a los ciudadanos y expanda su progreso y autonomía, necesitamos una POLÍTICA SOCIAL EFECTIVA.
A continuación los pilares y principios que IPAE postula para ello.
Los principios de POLÍTICA SOCIAL EFECTIVA se refieren a cinco pilares:
La Política Social debe responder a las necesidades y potencialidades de los ciudadanos, así como desarrollar sus capacidades y nivelar sus oportunidades:
DERECHO A LA PROTECCIÓN: El amparo del Estado en una situación de vulnerabilidad es un derecho, independientemente de la condición económica, ubicación geográfica, género, idioma, opinión o cualquier otra situación.
CAPITAL HUMANO: El Estado debe garantizar servicios de salud, educación y desarrollo productivo de calidad a todos los peruanos, para darles una base de capital humano que los habilite para la vida.
CIUDADANOS COMPROMETIDOS: Se debe contar con condiciones para que todos los ciudadanos puedan protegerse a ellos mismos, su familia y su futuro.
PREVENCIÓN: El Estado debe promover comportamientos y desplegar prestaciones que eviten situaciones futuras de vulnerabilidad.
CICLO DE VIDA: La política social debe organizarse siguiendo las diferentes necesidades de las personas a lo largo del ciclo de vida, apoyando el desarrollo de sus capacidades y su acceso a oportunidades y tomando en consideración los cambios demográficos.
CARÁCTER DINÁMICO: La política social debe ser diseñada reconociendo el carácter dinámico de la pobreza, de la vulnerabilidad y las características particulares de la clase media peruana, así como la necesidad de adaptación en situaciones de crisis.
Las prestaciones y servicios deben ser de calidad y centrarse en los ciudadanos:
PERTINENCIA: La política social debe responder a la diversidad del país y adaptarse a las necesidades y potencialidades de los espacios territoriales y ciudadanos (prácticas, valores y creencias).
OPORTUNIDAD: Las prestaciones y servicios deben llegar de forma oportuna, con articulación y concurrencia; sin clientelismo.
TRATO DIGNO: La política social debe asegurar un trato digno, libre de cualquier expresión de maltrato, discriminación.
DERECHO DE LOS USUARIOS: El Estado debe asegurar el derecho de los usuarios a comprender los alcances de los servicios y a reclamar por su calidad, integralidad, oportunidad, obteniendo respuestas que corrijan adecuadamente la situación.
El Estado debe organizar prestaciones y servicios con una institucionalidad efectiva:
VISIÓN DE LARGO PLAZO: Las decisiones sobre políticas sociales y los arreglos institucionales para su implementación deben priorizar la continuidad de estrategias que han demostrado ser efectivas, las organizaciones orientan sus decisiones basadas en evidencia, y mantienen recursos humanos técnicamente solventes en los puestos clave.
ACTUACIÓN ARTICULADA CON EFECTIVIDAD: La descentralización requiere la actuación conjunta y coordinada de todos los niveles de gobierno y al interior del propio Poder Ejecutivo, para asegurar que el estado llegue con igual calidad a todo el territorio. Priorizar la provisión efectiva y eficiente de servicios superando las barreras normativas y administrativas. Asegurar igual calidad requiere adaptar decisores, servicios, medios y recursos en cada zona.
CIERRE DE BRECHAS: Adaptar la regulación, asignar competencias y alocar de manera diferenciada los recursos para cerrar las brechas en cobertura (género, territorio, edad, etnicidad).
PARTICIPACIÓN PRIVADA: El Estado debe promover arreglos institucionales que incorporen mecanismos para canalizar orgánica y sostenidamente la participación privada desde una plataforma de contribución amplia: conocimiento, colaboración en gestión, aprovechamiento racional de servicios que ya existen y pueden contribuir a mejorar la gestión.
FLEXIBILIDAD: Se debe reconocer que no hay modelos únicos, pero sí estándares similares; y, para lograrlos, la definición de los arreglos institucionales -quién presta qué y cómo- debe ser flexible y responder a quién lo hará mejor para el ciudadano: sector público -nacional, regional o local-, sector privado o sector social.
La información y los procesos deben permitir:
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE HOGARES: Se debe contar con un padrón de hogares actualizado en tiempo real y a disposición de todos los sectores.
FOCALIZACIÓN: Los procesos deben garantizar una selección de usuarios transparente y adecuada, con criterios claros de ingreso, graduación y salida.
SISTEMA INTEGRADO Y TRANSPARENTE DE INFORMACIÓN DE PRESTACIONES:
- Contar con una plataforma tecnológica unificada para el registro de información pertinente, a disposición de los prestadores, gestores, usuarios y de la sociedad en general, con la finalidad de mejorar la coordinación intra estado y permitir la vigilancia ciudadana informada.
- Promover la transparencia en la información sobre usuarios, prestaciones, proveedores y sustento de las decisiones de asignación y gestión.
- Asegurar la trazabilidad de las atenciones o servicios que reciben las personas.
- Garantizar la integración de la información para asegurar el acceso de los usuarios a las prestaciones, el acompañamiento de estas durante el ciclo de vida de las personas y evitar filtraciones en los programas y servicios.
MONITOREO Y EVALUACIÓN: Los procesos deben permitir dar seguimiento a la implementación para introducir ajustes oportunamente y contar desde el inicio con mecanismos que garanticen su adecuada evaluación.
INNOVACIÓN EN BASE A EVIDENCIA: La política social debe evolucionar e innovar permanentemente, en base a la evidencia de los resultados.
El financiamiento de la política social debe abordarse con responsabilidad:
SOSTENIBILIDAD FISCAL: La política social debe ser fiscalmente sostenible y sostenida por todos los ciudadanos y empresas.
FINANCIAR SEGÚN PRIORIDAD: El financiamiento público debe cubrir primero las necesidades básicas de toda la población objetivo.
DETERMINACIÓN TÉCNICA DE GASTO CORRIENTE: El Estado debe asegurar que el gasto corriente en políticas sociales sea técnicamente determinado y se asigne y evalúe por su productividad e impacto, pero también garantizando el efectivo ejercicio de los derechos básicos cuando corresponda.