17.09.2017. El Comercio.- Si queremos continuar el camino hacia el desarrollo, la economía y la institucionalidad deben avanzar juntas.
El comité organizador de CADE 2017, presidido por Drago Kisic, decidió hace algunos meses poner como título del evento una frase que, a raíz de lo ocurrido esta semana, ha resultado premonitoria: “Un solo Perú, no más cuerdas separadas”.
Lo que esta 56a edición de CADE busca es evidenciar la urgencia de generar consensos que permitan realizar las reformas necesarias para fortalecer la institucionalidad y la democracia representativa en nuestro país. La idea central es que si queremos continuar nuestro camino hacia el desarrollo, la economía y la institucionalidad no pueden seguir avanzando por cuerdas separadas.
Si bien durante el encuentro se abordarán diversos aspectos que requieren la generación de consensos, como un sistema político eficaz, un mercado más competitivo, una educación de calidad más inclusiva o una visión compartida de futuro, el imperio de la ley y el fortalecimiento del Estado de derecho serán sin duda temas presentes en prácticamente todas las sesiones y debates.
Especialmente en el campo económico y empresarial, durante décadas se ha desarrollado en el Perú la idea de que las leyes y regulaciones son solo de cumplimiento obligatorio para algunos. El caso más clamoroso es probablemente el de la legislación laboral. Solo las medianas y grandes empresas son constantemente fiscalizadas para garantizar los derechos de sus trabajadores, en cuanto 2 de cada 3 peruanos no tienen protección alguna. Esta suerte de fiscalización esquizofrénica no se limita lamentablemente al campo laboral.
Instituciones como Sunat, Indeci, Digesa y muchos municipios en todo el país actúan bajo el peculiar principio de que las leyes solo son de cumplimiento obligatorio para aquellos que tienen el tamaño o la capacidad económica suficiente.El problema con este principio, que podríamos bautizar como imperio selectivo de la ley, es que produce un círculo vicioso que impide el desarrollo y la modernidad. Cada vez que se crean leyes, normas y reglamentos que solo podrán ser cumplidos por las empresas más productivas del país, se aumenta de manera automática la brecha con aquellas empresas de baja productividad, cuya única ventaja competitiva es la capacidad de evadir la ley. Para complicar aun más las cosas, la mayoría de estas iniciativas legislativas cuenta con un amplio respaldo de la población, lo cual es un inmejorable incentivo para que nuestros políticos las sigan promoviendo. Aumentar el período de licencia de maternidad, implementar lactarios en los centros de trabajo, obligar a la contratación de discapacitados y, por supuesto, aumentar significativamente el sueldo mínimo son todas medidas que generan simpatía y aprobación generalizada en la opinión pública.
Lamentablemente, en todos estos casos, las buenas intenciones terminan generando pésimos resultados: hacen cada vez más atractivo actuar al margen de la ley, restando competitividad y posibilidad de crecimiento a nuestras empresas más productivas.¿Qué hacer? Sin duda, bajo el principio del imperio selectivo de la ley, resulta imposible aumentar la productividad y, en consecuencia, el bienestar de la mayoría de nuestros compatriotas. Como se dice coloquialmente, si quieres salir de un hueco, lo primero que tienes que hacer es dejar de cavar, que en el caso que nos ocupa significa dejar de promulgar leyes y normas que sabemos solo podrán ser cumplidas por una minoría. Luego, tenemos que ser capaces de generar consenso en torno a la impostergable necesidad de cumplir y hacer cumplir las leyes. Es, por supuesto, legítimo y positivo contemplar excepciones y facilidades especiales para aquellas pequeñas empresas que requieren de un período de transición, como la Ley Mype por ejemplo. En conclusión, no tendremos más desarrollo ni más bienestar si no vivimos en un Estado de derecho, si no nos atenemos como sociedad al imperio de la ley.