Como IPAE Asociación Empresarial hemos venido lamentando los ataques sistemáticos del gobierno a la democracia y el correcto funcionamiento del Estado. Al respecto, hemos señalado que la permanencia de Pedro Castillo es insostenible y debemos ir hacia un adelanto de elecciones, previa reforma política.
En tanto lo anterior se concrete, también hemos demandado que las instituciones de contrapeso como Fiscalía, Contraloría y Congreso actúen de manera enérgica, para evitar un mayor deterioro de la democracia y desmantelamiento del Estado.
En primer lugar, Fiscalía debe avanzar en los procesos de investigación al presidente Castillo por los casos de la concesión del Puente Tarata III, adquisición de Biodiesel B100, ascensos militares y plagio de tesis. Dilatar la investigación sería avalar la impunidad; la investigación debe retomarse y toda autoridad debe saber que sus actos ilícitos no quedarán impunes.
En segundo lugar, la Contraloría General de la República debe iniciar acciones contra ministros, viceministros y secretarios generales que no cuenten con idoneidad para el ejercicio de la función pública, de conformidad a lo dispuesto por las leyes 31419 y 31457. Contraloría debe actuar contra quienes incumplan estos ordenamientos y mostrar los resultados de sus acciones de control. En simultáneo debemos exigir al Ejecutivo que informe sobre su adecuación a las normas referidas.
En tercer lugar, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, entre otros, deben reunirse como Consejo de Estado -aún en ausencia del Presidente de la República-, y abordar temas esenciales como: (i) neutralidad en las próximas elecciones regionales y locales, (ii) acciones para proteger la libertad de prensa y de expresión, (iii) cumplimiento de requisitos para designación de ministros, viceministros y secretarios generales, (iv) celeridad en las investigaciones que involucran al Presidente y altos funcionarios.
Finalmente, es importante que el Congreso cumpla sin dilación en interpelar y censurar a ministros con serios cuestionamientos. La decisión de ordenar una inmovilización con vicios de inconstitucionalidad el 5 de abril y otras alertas muy graves reportadas esta semana por la Plataforma Vigilantes, de la cual IPAE es parte, no deben quedar sin responsables políticos.
Debemos avanzar en los tres frentes: reforma política, adelanto de elecciones y control de daños. Demandemos como sociedad civil y ciudadanía que ello sea así.