El gobierno del Presidente Pedro Castillo viene atacando de manera sistemática la democracia y el funcionamiento correcto del Estado. Y presenta además serios indicios de corrupción.
Respecto de la democracia, hemos visto las restricciones a la prensa, las irregularidades en los ascensos militares, la intención de direccionar la publicidad estatal, la destitución del Procurador General, la reciente afrenta contra la libertad de tránsito con la orden de inmovilización, el nombramiento como ministros de simpatizantes de Sendero Luminoso, entre otras acciones.
En lo referido al funcionamiento del Estado, hemos visto la designación de ministros agresores, de ministros sin credenciales técnicas, sin integridad, la destitución de funcionarios competentes, los intentos por socavar la carrera magisterial y también la carrera pública en general.
En cuanto a la corrupción, están las reuniones en el pasaje Sarratea, los USD 20 mil encontrados al secretario del Presidente, el presunto involucramiento irregular de los sobrinos y lobistas en contrataciones públicas, entre otros.
La sociedad civil ha venido resaltando estas malas actuaciones; está por ejemplo la Plataforma Vigilantes, que muestra que de 45 indicadores de seguimiento de los compromisos mínimos de democracia y de Estado de Derecho que el presidente Castillo se comprometió a cumplir, la mayoría está en alerta. Veintinueve están en alerta, y 11 en alerta muy grave. Y esta semana hemos visto una ciudadanía indignada, saliendo a las calles, rechazando la actuación de este gobierno.
Lamentablemente, el Presidente presenta un comportamiento sistemático en contra de los intereses ciudadanos. Ya Anne Applebaum nos había advertido en CADE Ejecutivos 2021 que la principal amenaza para la democracia hoy en día viene desde adentro; desde gobernantes que son electos democráticamente, pero que una vez electos buscan socavar a las entidades autónomas, ir contra la libertad de prensa y contra las libertades individuales.
La permanencia de Pedro Castillo en la presidencia es como mantener a un agresor en casa, en que todo el tiempo estamos con miedo y en alerta por la violencia que puede aplicar. En defensa de la democracia y del correcto funcionamiento del Estado, Pedro Castillo debe dejar la presidencia. El agresor debe salir.