Democracia representativa

• Equilibrio de poderes. Impulsar un sistema de pesos y contrapesos efectivo, estableciendo las facultades y los límites de los poderes Ejecutivo y Legislativo, como base para construir un sistema democrático sólido.
• Autonomía de instituciones de contrapeso. Velar porque las entidades constitucionalmente autónomas como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República puedan ejercer adecuadamente sus funciones de contrapeso de poder, en el marco de la ley y con el fin último de servir a la ciudadanía.
• Partidos políticos institucionalizados. Impulsar partidos políticos que cumplan adecuadamente su rol esencial de representar a la ciudadanía, con democracia interna, planteamientos claros, financiamiento transparente y rendición de cuentas. Fortalecer a las instituciones del sistema electoral: Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
• Respeto de los derechos y libertades fundamentales, la libertad de prensa, de informarse y de expresión. Consolidar el respeto a derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, género, idioma, posición social o económica, como principio base de la democracia que ningún poder del Estado debe afectar.
• Involucramiento de la ciudadanía en el quehacer público. Impulsar ciudadanía activa e informada, con derechos y responsabilidades.

Administración pública eficaz y transparente

• Servicio civil funcional. Impulsar que el Estado anteponga los intereses de la ciudadanía a los intereses partidarios y de funcionarios públicos, y en tal sentido actúe con meritocracia, designando a personas sin cuestionamientos éticos y con las competencias necesarias para permitir que el Estado cumpla con su finalidad de proveer servicios de calidad a la ciudadanía sin corrupción y orientado a resultados.
• Estado descentralizado, digital y transparente. Fomentar que el Estado sea capaz de regular eficazmente y proveer servicios de calidad en todo el territorio, de manera transparente y a través del nivel de gobierno correspondiente, con competencias mejor definidas y canales efectivos de coordinación, colaboración y trabajo integrado; con la institucionalidad necesaria para trabajar en colaboración con el sector privado; y aprovechando las herramientas digitales para conectar e integrar los servicios públicos y privados en beneficio de la ciudadanía.

Sistema de justicia oportuno y predecible

• Sistema consolidado de selección, nombramiento, evaluación, ascenso y remoción de jueces y fiscales. Impulsar que la Junta Nacional de Justicia, como organismo constitucionalmente autónomo, y sus procesos encargados por ley, se consoliden a fin de garantizar jueces y fiscales probos, idóneos y competentes, que contribuyan al fortalecimiento de la administración de justicia y la institucionalidad democrática.
• Procesos ágiles y transparentes. Modernizar el sistema de administración de justicia para que sea oportuna, transparente y predecible. Debe consolidarse la asignación aleatoria de demandas, el expediente electrónico, la publicidad de las resoluciones y la descarga procesal. Además, instancias administrativas y arbitraje se deben consolidar como medios alternativos asequibles, eficaces y seguros para la solución de controversias.

Seguridad y orden interno que garantizan derechos fundamentales

• Respeto de derechos humanos. Impulsar que la Policía Nacional cumpla su rol asegurando la protección eficaz de los derechos humanos, la propiedad privada y el libre tránsito.
• Instituciones eficaces y de acción oportuna. Impulsar el fortalecimiento institucional, de los sistemas de información y procesos de las distintas instituciones responsables de combatir los actos delictivos, así como la profesionalización y especialización de su personal. Preservar roles y competencias de las fuerzas militares, Policía Nacional, el serenazgo y organizaciones de seguridad civil.

Ciudadanía digital

• Conectividad universal. Infraestructura, conectividad, dispositivos, datos necesarios y un entorno favorable para el desarrollo de un ecosistema digital robusto para que cada persona, sin importar en qué parte del territorio se encuentre, pueda acceder digitalmente como mínimo a los servicios básicos ofrecidos por el Estado.
• Formación digital. Desarrollo de las competencias digitales desde la etapa escolar y asegurar una formación continua en el ámbito laboral que permita dotar a las personas de las competencias digitales necesarias para su desarrollo personal y profesional, de manera crítica, ética, responsable y en un entorno seguro.

Inclusión social y lucha contra la pobreza

• Inclusión Social. Promover el pleno ejercicio de los grupos tradicionalmente excluidos en la economía y la sociedad, con igualdad de oportunidades y dignidad.
• Estrategia de lucha contra la pobreza que acompañe mejor al crecimiento económico. Promover que el Estado se organice para el cierre de brechas económicas, sociales y productivas, y proteger a la ciudadanía pobre y en situación de vulnerabilidad a lo largo de su ciclo de vida, bajo una institucionalidad que implementa una política social fiscalmente sostenible, que prioriza la continuidad de estrategias efectivas, sin clientelismo, que asegura un trato digno, desarrolla las capacidades de la ciudadanía receptora de una intervención, hace uso de herramientas digitales para promover su inclusión y orienta sus decisiones en base a evidencia, con información, monitoreo y evaluación adecuados.

Libertades económicas

• Respeto de propiedad privada y contratos. Velar por el respeto del derecho de la ciudadanía y empresas a gozar y disponer de sus bienes; y el respeto de los contratos, incluyendo sus mecanismos de revisión y solución de controversias.
• Libertad de empresa. Impulsar el derecho a crear empresa, actuar en el mercado, establecer sus propios objetivos, dirigir y planificar su actividad y permanencia; a contratar, invertir y producir libremente; y al hacerlo, que sea sin la fijación o control de precios. El ejercicio de este derecho no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública.
• Actividad empresarial del Estado únicamente en su rol subsidiario. Garantizar la no participación del Estado en actividades empresariales que pueden ser provistas de manera más eficiente por privados o donde ya exista la presencia productiva del sector privado.

Manejo macroeconómico responsable

• Sostenibilidad fiscal. Asegurar una trayectoria coherente de ingresos y gastos, procurar una mayor recaudación tributaria mediante el combate a la evasión y elusión tributarias y el fomento de una economía más formal; así como promover un gasto más eficiente y de calidad.
• Sostenibilidad monetaria y financiera. Impulsar que se afiance la independencia del Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, responsables de la política monetaria y financiera, así como la competitividad del mercado financiero.

Economía competitiva, formal, sostenible e inclusiva

• Mercados en competencia. Promover un entorno de leal y honesta competencia, donde los agentes económicos compiten de manera independiente en el mercado.
• Protección efectiva de consumidores y usuarios. Asegurar su acceso a información adecuada y medios efectivos de solución de controversias y compensación; velar por relaciones equilibradas entre proveedores y consumidores.
• Economía competitiva. Impulsar reglas e incentivos que favorezcan la innovación, la transformación digital, la profundización del acceso de la ciudadanía y las empresas a los servicios financieros, digitales y de desarrollo productivo, y la formalidad.
• Entorno favorable para la inversión privada. Fomentar reglas claras y predecibles, sin barreras burocráticas ni restricciones al comercio, que favorezcan la inversión que trae bienestar a la ciudadanía vía creación de empleos, reducción de la pobreza y generación de impuestos.
• Cadenas de valor descentralizadas. Facilitar el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, así como la articulación empresarial que potencie cadenas de valor en las regiones del país.
• Gestión y mitigación de impactos en el medio ambiente. Impulsar la inversión responsable, que previene, controla, atenúa, restaura y compensa los impactos ambientales.

Empresarios íntegros y con propósito

• Empresarios íntegros: Ser íntegros, transparentes, éticos y respetuosos de la ley, y deslindar y denunciar los actos de corrupción.
• Transparencia hacia clientes y consumidores: Brindar información fidedigna sobre nuestros productos y servicios, asegurar precios competitivos y combatir la publicidad engañosa y las prácticas anticompetitivas.

Empresas con estrategias de valor compartido (sostenibilidad, responsabilidad social y ambiental)

• Empresas con propósito: Promover empresas que participen más activamente en el desarrollo del país, impulsadas por propósitos que generan valor para la sociedad.
• Mejores cadenas de valor: Impulsar la productividad en la cadena de valor a través de un mejor uso de recursos, empleados y alianzas.
• Mejor entorno operativo de la empresa: Mejorar la fuerza laboral, la base de proveedores y las instituciones en las comunidades donde la empresa opera.
• Productos para nuevos públicos: Reimaginar los productos y servicios ofrecidos para llegar a clientes desatendidos.

Mercado laboral competitivo y sistema previsional efectivo

• Mercado laboral competitivo. Generar los mecanismos para el tránsito a la formalidad en el empleo, adecuando el marco regulatorio vigente que desprotege a la mayoría de trabajadores; optimizar los procesos de fiscalización laboral, que deben alcanzar a actividades ilegales e informales; e impulsar mejores estrategias de promoción del empleo, que permitan trabajadores con mayores competencias y una menor brecha de habilidades requeridas.
• Sistema previsional efectivo. Promover un sistema de pensiones que permita tener ahorros para la vejez sin generar distorsiones en el mercado de trabajo, reduciendo los incentivos a no cotizar, promoviendo la competencia entre prestadores, y resolviendo las condicionalidades excesivas en el sistema público y la liberalización de los fondos en el sistema privado.

Equidad, inclusión y diversidad en las empresas

• Líderes comprometidos. Comprometer a toda la organización, desde el más alto nivel, a valorar, promover y defender la diversidad y la inclusión, los derechos humanos y los laborales.
• Tolerancia 0 a la violencia. Garantizar espacios laborales libres de discriminación, violencia, hostigamiento y acoso sexual.
• Igualdad de oportunidades. Asegurar la igualdad de oportunidades, atendiendo las necesidades específicas que requieran grupos tradicionalmente discriminados.
• Erradicación de sesgos inconscientes. Asegurar el desarrollo personal y profesional sin importar el género, orientación sexual, raza, religión u otro motivo, a través de cambios en las culturas y prácticas organizacionales.

• Protección de la meritocracia docente: La “meritocracia” debe ser exigida a todos los actores educativos sin excepción alguna, para impulsar una educación de calidad que cumpla con rendir cuentas a la sociedad.
• Promoción de la educación superior tecnológica: Promover la profesionalización técnica de los jóvenes desde las escuelas, y destacar el perfil de los profesionales técnicos para atender la gran demanda laboral e impulsar la competitividad en nuestro país.
• Aseguramiento de la calidad en la educación superior: licenciamiento único y acreditación de calidad permanente: La calidad educativa debe ser exigida con el logro de acreditaciones de calidad, otorgadas por reconocidas entidades nacionales o internacionales.
• Gobernanza y gestión educativa estable, transparente y eficiente: Es indispensable que los procesos sean transparentes y objetivos, y que la gestión educativa asegure una gobernanza estable, competente y eficiente.
• Impulso de Asociaciones Público-Privadas (APP): Dirigida a la construcción, equipamiento, mantenimiento y gestión del servicio publico a través de una entidad privada; promoviendo el trabajo conjunto entre el sector público y el privado para avanzar con mayor efectividad.

Acceso y aseguramiento universales

• Cobertura universal de salud, disminuyendo las diferencias en salud que respondan a desigualdades sociales y económicas y generando condiciones para que todas las personas (en especial los grupos que viven en pobreza o vulnerabilidad) tengan las mismas oportunidades de alcanzar buenos niveles de salud.
• Promover un financiamiento sostenible para el SIS y FISSAL (e IAFAS), para asegurar el acceso y aseguramiento de calidad a sus afiliados.
• Promover la inclusión del proceso de aseguramiento propio de la formalización productiva.
• Fortalecer el rol complementario asegurador del sector privado con un intercambio prestacional.
• Rectoría y fiscalización que protegen la salud y el bienestar de los ciudadanos
• Promover la institucionalidad del ente rector del sector salud para la adecuada gestión de recursos y fiscalización a favor del bienestar ciudadano, y que cuente con una gestión con alta calidad meritocrática.
• Impulsar políticas públicas considerando el principio de supremacía de realidad, la acción de la sociedad civil, y un servicio civil meritocrático.

Sistema de salud resiliente para asegurar la cobertura sanitaria universal y la seguridad sanitaria

• Garantizar una prestación y prevención de calidad oportuna y eficaz.
• Promover la participación del sector privado en la mejora de la prestación del servicio de salud con infraestructura e insumos de calidad, asegurando que se cumplan las garantías relacionadas al acceso, calidad, oportunidad y protección financiera.
• Fortalecer el Primer Nivel de Atención con capacidad resolutiva. Impulsar la transformación del Sistema de Salud, en función a la Atención Primaria de Salud (APS) y el Primer Nivel de Atención (PNA) a través de las Redes Integradas de Salud (RIS).
• Lograr la sinergia entre salud individual y salud pública (interrelación del primer nivel con la salud comunitaria).

Innovación y tecnología para mejorar el acceso y servicio.

• Avanzar en salud digital y telemedicina para transformar el sector.
• Reducir las brechas de innovación y tecnología (equipos, infraestructura, tratamientos) para una mayor inversión en salud en busca de una mejora de la salud pública.
• Promover la visibilidad y diálogo con la academia sobre temas de innovación y desarrollo de nuevas tecnologías.