Por Elena Conterno, presidenta de IPAE Asociación Empresarial.
El bien común de los ciudadanos debería ser el norte de las decisiones que tomen las autoridades. Nombrar como ministros a personas vinculadas al terrorismo va en contra del bien común, al atentar contra la vida en paz y libertad en el país, contra la seguridad nacional y contra los derechos humanos de los peruanos. Más aún, hacerlo es una afrenta a las miles de familias de la Policía, de las Fuerzas Armadas, de las comunidades y de civiles en general que perdieron seres queridos víctimas de la violencia sanguinaria que aplicaban Sendero Luminoso y el MRTA.
Designar a personas con procesos por corrupción no muestra un compromiso real de combate a este flagelo. Designar a personas sin preparación y experiencia pone en tela de juicio que se esté buscando responder a las aspiraciones ciudadanas de recibir servicios de calidad.
Al respecto, en carta remitida al Presidente Castillo, la Defensoría del Pueblo resalta que “los funcionarios que integran un gabinete ministerial deben encontrarse completamente alejados de toda sospecha de corrupción.” Sobre el deber de garantía de los derechos humanos, destaca que “quien ha justificado la violencia terrorista, agredido a mujeres, colocado en riesgo los derechos de las niñas, niños y adolescentes, discriminado a personas LGBTI, entre otras conductas, no debe ejercer cargos públicos de ninguna naturaleza.” Finalmente, afirma que “ninguna persona investigada o condenada por terrorismo puede desempeñar cargos públicos. En el mismo sentido, resulta incompatible (…) justificar su accionar o minimizar el daño que causó al país.”
La actuación de contrapeso de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y el Congreso de la República resulta fundamental. Estas instituciones deben estar muy activas en defender la democracia, los derechos de los ciudadanos, el cumplimiento de normas y procesos públicos y, en general, velar porque las autoridades sirvan a los ciudadanos.
Hoy estamos preocupados por el futuro de nuestra democracia. Preocupan diversas designaciones, que se esté limitando el acceso de la prensa, que en vez de fortalecer a nuestros militares y policías se quiera crear fuerzas alternas, y que congresistas tengan la intención de cerrar el Congreso. Esperamos que pronto se corrija el rumbo. El compromiso con las garantías democráticas no solo debe estar en el discurso sino también en los actos.
Fuente: Columna de Opinión publicada en el diario Correo el 9 de agosto de 2021