El Congreso de la República viene discutiendo un nuevo proyecto de ley agrario. La realidad lo que muestra es que en ese sector había 19% de trabajadores con un régimen casi igual al general -salvo por la temporalidad, propia de la naturaleza de la actividad- y 81% en informalidad. Es decir, 19% de trabajadores protegidos y 81% de trabajadores desprotegidos.
Si partimos de la realidad, el Congreso debería enfocarse en mejorar la situación de ese 81%.
En primer lugar, debe evitar que ese porcentaje aumente. Si como viene planteando incrementa la retribución a los trabajadores por ley, lo que promoverá es mayor informalidad, con lo cual ya no solo serán 81% de trabajadores desprotegidos sino un porcentaje mayor.
Según comentaba en mi artículo anterior, el periodo que vivimos de 1968-1990 muestra que el intervencionismo y los controles de precios y tasa de interés tienen efectos nefastos en el bienestar de las personas. Vivimos la escasez, las colas y el aumento de la pobreza en ese periodo en Perú, y hoy podemos ver que esas políticas aplicadas en Venezuela han llevado a que su pobreza sea de 96% y su extrema pobreza de 79%.
En segundo lugar, debe buscar que parte de ese 81% sea absorbido por las empresas que sí respetan las normas laborales. Así, mantengamos reducida la tasa de impuesto a la renta solo para lo que se reinvierte, de tal manera que ese dinero genere más empleo y por tanto reducción de la pobreza. Dar ese monto al Estado para que genere más bienestar a ese 81% no me genera mayor esperanza, en especial quedando claro que no puede comprar bien pruebas moleculares, respiradores, oxígeno, tablets o vacunas.
Finalmente, que promueva mayor fiscalización y cumplimiento de normas por parte de los empleadores piratas. Que los infractores sean sancionados, pierdan el beneficio tributario y se publique sus nombres en la web de Sunafil. Combatamos a estos piratas.
Esperemos que el Congreso recapacite y no legisle de espaldas al 81% de trabajadores agrarios desprotegidos.
Columna de Opinión del Diario Correo publicada el 26 de diciembre del 2020.