A inicios de julio empezó una nueva convivencia producto del COVID-19, la cuarentena voluntaria, en la que las personas tienen que ser más conscientes sobre su propio cuidado y el de los demás. A esto se suma, que desde el último miércoles hay un nuevo Gabinete Ministerial que guiará los distintos sectores del país para reactivar la economía, frenar los contagios y fortalecer el sistema de salud, de manera urgente. Desde IPAE Asociación Empresarial, se invoca a que los nuevos ministros también incluyan como prioridad en la agenda la seguridad y bienestar de los adultos mayores. En esa línea, se presenta la #RutaIPAE: Estrategia para proteger al adulto mayor en época de COVID-19, brindando un análisis de la situación, evidenciando prioridades y sugiriendo propuestas y responsabilidades.
Desde que llegó la pandemia al Perú, el 69% del total de muertes por esta enfermedad ha sido de personas mayores de 60 años, es decir, 7 de cada 10 fallecidos; en estas circunstancias son vitales las carteras de Salud, impulsando la vacunación preventiva y brindando atención adecuada y oportuna en centros médicos por COVID-19 y por otras enfermedades de los adultos mayores; asimismo, la de Desarrollo e Inclusión Social reforzando la red de monitoreo y haciendo un seguimiento adecuado para detectar posibles contagios. Desde el Grupo de Trabajo de Protección Social, del área de Desarrollo Nacional de IPAE, se desarrolló la #RutaIPAE para impulsar una estrategia diferenciada para proteger a los adultos mayores, debido a que son uno de los grupos más vulnerables frente a este virus.
“Si bien los adultos mayores siguen en cuarentena, sus familiares y vecinos ya no lo están en muchas ciudades del país, y es importante que estos últimos conozcan y apliquen los protocolos correspondientes para evitar contagiarlos. También resulta de especial relevancia establecer un canal claro para que puedan ser atendidos oportunamente en caso presenten síntomas de contagio. Así, se requiere una estrategia diferenciada para protegerlos, tanto sobre su salud, como en los aspectos sociales y económicos. Este es un trabajo que nos compete a todos como sociedad”, precisó Elena Conterno, presidenta de IPAE Asociación Empresarial.
Entre los factores de riesgo que padecen, según esta Ruta, están: el de salud, debido a que, a mayor edad, mayor probabilidad de tener diversas afecciones (comorbilidades) que aumentan la severidad del virus. Tres de cada cuatro adultos mayores presentan una enfermedad crónica (cáncer, diabetes, males cardíacos, molestias respiratorias e infartos) y uno de cada dos tiene alguna discapacidad.
El segundo factor se refiere al acceso a una pensión, que es un ingreso fundamental para que puedan cubrir sus necesidades básicas. En el país, cerca de 1,5 millones de adultos mayores no acceden a ningún tipo de asignación monetaria. El 38,6% recibe una compensación del sistema público o privado y el 14,6% del programa Pensión 65.
Un tercero trata sobre la ausencia de cuidadores en el hogar, según cifras del INEI (2018), el 48% de adultos mayores (alrededor de 1.7 millones) vive solo o acompañado de otro adulto mayor. Esta situación los expone a focos de contagio como los mercados u hospitales al acceder a alimentos y/o medicinas.
Por otro lado, también están quienes viven en Centros de Atención Residencial (CARPAM) que también están en una situación vulnerable.
En lo que va de la pandemia, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha puesto énfasis en la supervisión de los Centros de Atención Residencial, en tanto que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) lo ha hecho en el monitoreo de aproximadamente 330 mil adultos mayores priorizados.
En atención a su vulnerabilidad frente al COVID-19, será importante desplegar acciones adicionales para la protección de todos los otros adultos mayores, que junto con los anteriores son en total 3,9 millones en el Perú. Al respecto, desde la #RutaIPAE se propone priorizar acciones en: Prevención, Seguridad Social y Alimentaria, Distanciamiento y Protocolos y Supervisión, para disminuir el impacto del COVID-19 en este grupo de la población.
- Prevención: Ampliar la cobertura e institucionalizar la red de monitoreo telefónico Amachay, programa liderado por el Midis a raíz del COVID-19, para identificar casos tempranos de COVID-19 y atenderlos, así como brindar soporte emocional a los más vulnerables. Reforzar la estrategia de vacunación contra el neumococo y la influenza para el adulto mayor y mejorar la difusión de esta campaña. Así como retomar la adecuada atención de enfermedades crónicas y otras que se les presenten para evitar el deterioro de su salud por enfermedades más allá del virus.
- Seguridad Social y Alimentaria: Evaluar la entrega de un bono excepcional para hogares vulnerables con adultos mayores de 65 años, que no tengan pensión ni otros ingresos. Asimismo, promover las redes comunales o vecinales con el fin de que los vecinos puedan organizarse para la compra y entrega de alimentos y de medicinas a los adultos mayores que vivan solos.
- Distanciamiento y Protocolos: Promover el contacto virtual o telefónico de familiares y amigos con los adultos mayores, y evitar el físico. Reforzar, a través de campañas de comunicación, los protocolos que deben seguir los cuidadores de los adultos, quienes cumplen un rol fundamental en este contexto, pero que también atraviesan un alto riesgo. Asimismo, se requerirá que estén entrenados para minimizar sus salidas y mantener el distanciamiento en la medida de lo posible, usando mascarilla y lavándose las manos frecuentemente.
- Supervisión: Garantizar que los Centros de Atención Residencial cumplan con el protocolo dispuesto por el MIMP, y que actúen rápidamente en caso se presente un caso del COVID-19.
Puedes descargar la Ruta en Desarrollo Nacional completa en https://www.ipae.pe/wp-content/uploads/2020/07/RDN-Enfrentando-el-coronavirus.pdf
El documento ha sido elaborado por IPAE Asociación Empresarial, en el marco del Grupo de Trabajo de Protección Social promovido por IPAE, conformado por María Alejandra Campos, Politóloga; José Ignacio Beteta, Presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú; Marisol Guiulfo, Gerente General del Consejo Privado de Competitividad; y Jorge Arrunátegui, Economista.